AGUSTíN
MORENO
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El neoliberalismo pretende privatizar todo lo que dé beneficios y
frente a ello se han levantado fuertes resistencias populares.
Constatado el expolio, está surgiendo en muchos países un impulso a
favor de la recuperación de servicios públicos privatizados. Los
servicios públicos son las actividades y prestaciones que satisfacen
las necesidades colectivas. Sus beneficios son sociales, no
necesariamente económicos, y deben contribuir a aumentar el
bienestar y la cohesión social. La última versión de la
socialdemocracia los reduce prácticamente a sanidad, educación y
poco más. Pero estamos hablando de otros servicios tan esenciales
para la comunidad como la dependencia, el agua, la energía, las
telecomunicaciones, el transporte público, la limpieza pública, la
universidad, la vivienda, los servicios municipales, etc. Si vemos la
magnífica película de Ken Loach
El
espíritu del 45 recordaremos cómo el gobierno
laborista de Attlee en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial,
socializa estos sectores y otros industriales de carácter
estratégico, intentando dar respuesta a una situación social muy
parecida a la actual. A este proceso contribuye no solo la política
de la izquierda tras la traumática guerra, sino también la
existencia de otro modelo de referencia -el soviético-, que obligó
a los países occidentales a desarrollar un Estado del Bienestar.
La doctrina neoliberal se acabará
imponiendo desde finales de los años setenta con Margaret
Thatcher y Ronald Reagan. Desde entonces se ha venido
utilizando la privatización como el principal instrumento de
acumulación por desposesión, como
dice David
Harvey. Liberalización del mercado y privatización al
sacar los bienes públicos a la venta para que el capital
sobreacumulado pueda invertir en ellos. La esencia de la
privatización consiste en la transferencia a empresas privadas de
activos públicos que el Estado y las administraciones públicas
poseen en nombre del pueblo al que representan. Si los representantes
políticos enajenan estos recursos para venderlos a empresas privadas
están pervirtiendo la democracia y robando lo que es de todos. Este
proceso ha sido mundialmente seguido, aprovechando las crisis
económicas, como coartada para el saqueo. Actualmente en las
negociaciones sobre el TTIP se prepara una nueva oleada
privatizadora de los servicios públicos europeos más golosos.
En España la política del PP y del PSOE hacia los servicios
públicos sido básicamente la misma. La iniciaron los gobiernos de
Felipe González con su programa de privatizaciones
en los años ochenta. Aznar y Rajoy avanzaron en la
misma dirección, pero más rápidamente. Los objetivos no eran otros
que regalar al mercado –y muchas veces a los empresarios amigos-
nuevas oportunidades de negocio redondo y reducir los déficits
públicos al hacer caja a corto plazo, aunque se perdieran ingresos a
largo plazo. Este ‘capitalismo de amiguetes’ es caldo de cultivo
de todo tipo de corrupciones y tiene luego su expresión en las
llamadas ‘puertas giratorias’, que no son otra cosa que el
pago a los políticos cómplices de los servicios prestados, pasados
y venideros, por el tráfico de influencias. La onda de la vergüenza
de estas prácticas políticamente corruptas ha alcanzado desde a
expresidentes de gobierno como Felipe González o José María
Aznar y a muchos ministros y altos cargos de los dos
partidos.
El procedimiento para las privatizaciones es muy parecido y
comienza con el deterioro del servicio para justificar la medida.
Las consecuencias de la privatización son claras: empeora la calidad
del servicio –incluso la seguridad-, aumentan los precios y
tarifas, reducen el empleo, su calidad y los salarios, empeoran las
condiciones de trabajo y desaparece toda participación. Aunque se
quieran vestir con el disfraz neoliberal de que lo privado es bueno y
lo público malo, las privatizaciones son lo más parecido a un timo
a la ciudadanía y al interés general.
Una política de justicia social y una economía del bien común
pasarían por apostar por un Estado de Bienestar sólido y unos
amplios servicios públicos. Tener una sociedad suficientemente
democrática exige desarrollar la participación ciudadana.
Precisamente de esto han tratado las Jornadas
por la Remunicipalización de los Servicios Públicos que se acaban
de celebrar de Madrid. En los últimos años este movimiento ha
conseguido que, solo
en lo que se refiere al agua, vuelva a ser pública en 235 ciudades
del mundo.
Algunas conclusiones son importantes, como la necesidad de crear
conciencia de lo público como patrimonio común.
En coherencia con ello, la organización de la resistencia a los
procesos de enajenación, con una amplia política de alianzas que
genere complicidades y que coordine las luchas de los movimientos
sociales, sindicatos, asociaciones vecinales y de consumidores. Han
sido ejemplares las movilizaciones de la sanidad, la educación y los
servicios municipales de Madrid, del Canal de Isabel II, de las
plataformas ciudadanas de Barcelona, Zaragoza y otras ciudades.
Es fundamental plantear estrategias de reversión de las
privatizaciones. Denunciando para ello los perjuicios, demostrando
las ventajas públicas y generando cambios políticos que mejoren la
relación de fuerzas para que sea posible. Las exposiciones de las
experiencias de la
remunicipalización del agua de París y Medina Sidonia, y de
servicios públicos del ayuntamiento de León, demuestran que el
recuperado servicio público es de mayor calidad, más barato, con
mejores condiciones laborales y una gestión más democrática.
Ir más lejos en la democratización obliga a formular propuestas
que la refuercen en el terreno de la participación en los mortecinos
ámbitos existentes. También en la toma de decisiones a través de
consultas ciudadanas, presupuestos participativos y el debate sobre
las prioridades. Y con la creación de ámbitos de gestión colectiva
de servicios públicos municipales por entidades locales,
trabajadores y vecinos-usuarios. Remunicipalización y gestión
democrática de los servicios públicos es el gran reto de los nuevos
ayuntamientos progresistas y la oportunidad de demostrar que es
posible otra política a favor de la mayoría social. Pero para
atreverse a ello necesitarán contar con el punto de apoyo de la
movilización social.
