Remunicipalización de los servicios públicos

AGUSTíN MORENO | Publicado:

El neoliberalismo pretende privatizar todo lo que dé beneficios y frente a ello se han levantado fuertes resistencias populares. Constatado el expolio, está surgiendo en muchos países un impulso a favor de la recuperación de servicios públicos privatizados. Los servicios públicos son las actividades y prestaciones que satisfacen las necesidades colectivas. Sus beneficios son sociales, no necesariamente económicos, y deben contribuir a aumentar el bienestar y la cohesión social. La última versión de la socialdemocracia los reduce prácticamente a sanidad, educación y poco más. Pero estamos hablando de otros servicios tan esenciales para la comunidad como la dependencia, el agua, la energía, las telecomunicaciones, el transporte público, la limpieza pública, la universidad, la vivienda, los servicios municipales, etc. Si vemos la magnífica película de Ken Loach El espíritu del 45  recordaremos cómo el  gobierno laborista de Attlee en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, socializa estos sectores y otros industriales de carácter estratégico, intentando dar respuesta a una situación social muy parecida a la actual. A este proceso contribuye no solo la política de la izquierda tras la traumática guerra, sino también la existencia de otro modelo de referencia -el soviético-, que obligó a los países occidentales a desarrollar un Estado del Bienestar.

La doctrina neoliberal se acabará imponiendo desde finales de los años setenta con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Desde entonces se ha venido utilizando la privatización como el principal instrumento de acumulación por desposesión, como dice David Harvey. Liberalización del mercado y privatización al sacar los bienes públicos a la venta para que el capital sobreacumulado pueda invertir en ellos. La esencia de la privatización consiste en la transferencia a empresas privadas de activos públicos que el Estado y las administraciones públicas poseen en nombre del pueblo al que representan. Si los representantes políticos enajenan estos recursos para venderlos a empresas privadas están pervirtiendo la democracia y robando lo que es de todos. Este proceso ha sido mundialmente seguido, aprovechando las crisis económicas, como coartada para el saqueo. Actualmente en las negociaciones sobre el TTIP se prepara una nueva oleada privatizadora de los servicios públicos europeos más golosos.

En España la política del PP y del PSOE hacia los servicios públicos sido básicamente la misma. La iniciaron los gobiernos de Felipe González con su programa de privatizaciones en los años ochenta. Aznar y Rajoy avanzaron en la misma dirección, pero más rápidamente. Los objetivos no eran otros que regalar al mercado –y muchas veces a los empresarios amigos- nuevas oportunidades de negocio redondo y reducir los déficits públicos al hacer caja a corto plazo, aunque se perdieran ingresos a largo plazo. Este ‘capitalismo de amiguetes’ es caldo de cultivo de todo tipo de corrupciones y tiene luego su expresión en las llamadas ‘puertas giratorias’, que no son otra cosa que el pago a los políticos cómplices de los servicios prestados, pasados y venideros, por el tráfico de influencias. La onda de la vergüenza de estas prácticas políticamente corruptas ha alcanzado desde a expresidentes de gobierno como Felipe González o José María Aznar y a muchos ministros y altos cargos de los dos partidos.

El procedimiento para las privatizaciones es muy parecido y comienza con el deterioro del servicio para justificar la medida. Las consecuencias de la privatización son claras: empeora la calidad del servicio –incluso la seguridad-, aumentan los precios y tarifas, reducen el empleo, su calidad y los salarios, empeoran las condiciones de trabajo y desaparece toda participación. Aunque se quieran vestir con el disfraz neoliberal de que lo privado es bueno y lo público malo, las privatizaciones son lo más parecido a un timo a la ciudadanía y al interés general.

Una política de justicia social y una economía del bien común pasarían por apostar por un Estado de Bienestar sólido y unos amplios servicios públicos. Tener una sociedad suficientemente democrática exige desarrollar la participación ciudadana. Precisamente de esto han tratado las Jornadas por la Remunicipalización de los Servicios Públicos que se acaban de celebrar de Madrid. En los últimos años este movimiento ha conseguido que, solo en lo que se refiere al agua, vuelva a ser pública en 235 ciudades del mundo.

Algunas conclusiones son importantes, como la necesidad de crear conciencia de lo público como patrimonio común.

En coherencia con ello, la organización de la resistencia a los procesos de enajenación, con una amplia política de alianzas que genere complicidades y que coordine las luchas de los movimientos sociales, sindicatos, asociaciones vecinales y de consumidores. Han sido ejemplares las movilizaciones de la sanidad, la educación y los servicios municipales de Madrid, del Canal de Isabel II, de las plataformas ciudadanas de Barcelona, Zaragoza y otras ciudades.

Es fundamental plantear estrategias de reversión de las privatizaciones. Denunciando para ello los perjuicios, demostrando las ventajas públicas y generando cambios políticos que mejoren la relación de fuerzas para que sea posible. Las exposiciones de las experiencias de la remunicipalización del agua de París y Medina Sidonia, y de servicios públicos del ayuntamiento de León, demuestran que el recuperado servicio público es de mayor calidad, más barato, con mejores condiciones laborales y una gestión más democrática.

Ir más lejos en la democratización obliga a formular propuestas que la refuercen en el terreno de la participación en los mortecinos ámbitos existentes. También en la toma de decisiones a través de consultas ciudadanas, presupuestos participativos y el debate sobre las prioridades. Y con la creación de ámbitos de gestión colectiva de servicios públicos municipales por entidades locales, trabajadores y vecinos-usuarios. Remunicipalización y gestión democrática de los servicios públicos es el gran reto de los nuevos ayuntamientos progresistas y la oportunidad de demostrar que es posible otra política a favor de la mayoría social. Pero para atreverse a ello necesitarán contar con el punto de apoyo de la movilización social.